A finales de 2025, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) comunicó un cambio relevante en los procedimientos para el inicio de proyectos residenciales en la República Dominicana. La medida, orientada a reducir cuellos de botella administrativos y acelerar el arranque de obras, permitió que los desarrolladores iniciaran construcciones sin contar aún con el certificado final de licencia.
La decisión, aunque bien intencionada desde el punto de vista de eficiencia institucional, plantea interrogantes de fondo que no pueden ser ignoradas cuando se trata de un sector tan sensible como la vivienda.
Cuando la eficiencia desplaza la prevención
Reducir tiempos y costos es una necesidad real para la industria de la construcción. Sin embargo, el riesgo aparece cuando esa agilidad se logra postergando revisiones que existen precisamente para prevenir errores, omisiones o incumplimientos que solo se manifiestan con el paso del tiempo.
El problema no recae exclusivamente en el inicio de la obra, sino en lo que puede quedar sin validar en ese proceso acelerado. Cualquier detalle técnico, normativo o legal no detectado oportunamente termina convirtiéndose en un problema que emerge cuando la vivienda ya fue vendida, entregada y habitada.
El eslabón más débil: el comprador final
El mayor punto de preocupación de este nuevo esquema es que traslada el riesgo hacia quien menos capacidad tiene para asumirlo: el comprador. Familias que realizan un esfuerzo extraordinario para acceder a su primera vivienda confían en que el inmueble cumple con todas las normas y que fue debidamente autorizado por el Estado.
Cuando una propiedad ha pasado por múltiples etapas y actores —desarrollador, constructor, intermediarios, fideicomisos— la responsabilidad se diluye. Si surge un conflicto posteriormente, el comprador se encuentra con una realidad compleja: no sabe a quién reclamar ni quién debe responder.
Regulación flexible no puede significar desprotección
Resulta válido que el MIVED explore mecanismos modernos para agilizar procesos. Lo que debe revisarse con cuidado es qué controles pueden optimizarse y cuáles son irrenunciables. La función reguladora del Estado no puede reducirse a un trámite posterior cuando ya existen compromisos económicos y humanos de por medio.
Hay verificaciones que no admiten prórroga porque están directamente vinculadas a la seguridad, la legalidad y la confianza pública. Omitirlas hoy puede generar conflictos legales, sociales y financieros en el futuro.
Un llamado a corregir antes de lamentar
Este planteamiento no busca frenar el desarrollo inmobiliario ni desacreditar los esfuerzos institucionales. Busca advertir que la vivienda no es un simple activo comercial, sino un patrimonio de vida para miles de familias.
Por ello, es imprescindible que las autoridades revisen el alcance real de esta medida y refuercen los mecanismos que protegen al comprador final. Agilizar procesos es necesario; trasladar riesgos a terceros que no participaron en las decisiones iniciales no lo es.
El crecimiento ordenado del sector vivienda requiere un equilibrio claro entre rapidez y responsabilidad. Si ese balance se rompe, las consecuencias no se verán hoy, pero llegarán mañana, cuando ya no haya margen para corregir.