Los augurios nefastos se escuchan por doquier, ya sea por parte de las asociaciones de comercializadores de bienes raíces y también de parte de las constructoras, las cuales indican que de aprobarse el proyecto de reforma fiscal tal y como lo está planteando el gobierno central, lo que ha sido un sector pujante y de gran crecimiento en los últimos 20 años, podría llegar a su final.
Y es que en el planteamiento de la reforma fiscal, se habla de que la DGII estaría realizando una revalorización de los costos de las viviendas, esto para ajustarlas al precio actual, ya que desde hace más de 10 años que no se realiza dicho ejercicio y hay muchas viviendas que no corresponderían al costo que se tiene registrado en esta institución recaudadora del Estado dominicano.
Las constructoras temen que las personas dejen de adquirir viviendas en lo inmediato, por temor a caer en el rango de cobro de lo que es el IPI, impuesto que actualmente se encuentra abarcando a las viviendas por encima de los 9 millones de pesos, pero que con la propuesta de reforma fiscal, se pretende llevar a partir de los 5 millones de pesos, lo cual afectaría a una gran mayoría que se encuentra en estos rangos.
La defensa por parte de los agentes de bienes raíces, es que el impuesto del IPI es supuestamente para las viviendas suntuarias y el rango de 5 millones de pesos no corresponde a este tipo de viviendas, por lo que sería un grave error del gobierno, el colocar a las personas que posean viviendas humildes.
En la República Dominicana se cobra el 1% del valor por encima de los 9 millones de pesos mediante el IPI, esto es un impuesto anual, sin embargo, el llevarlo a partir de los 5 millones de pesos, colocaría a una gran parte de los propietarios en una situación de indefensión y de optar en gran medida, por simplemente desistir de tener su vivienda propia, algo que es culturalmente una tradición de la familia dominicana, el poder tener su propia vivienda, sin embargo, con esta propuesta de reforma fiscal y más que todo que los adquirientes en una gran parte se encuentran sometidos a préstamos hipotecarios, para poder pagar o cubrir los costos de dichas viviendas y agregarle un impuesto de un 1% aumentaría considerablemente el compromiso de las familias que apenas pueden pagar sus obligaciones bancarias.